Hacia comienzos de la década del ‘90 las transiciones a la democracia se completaron en América Latina, marcando el inicio de una nueva era. La expansión de las libertades civiles y políticas parecía consolidarse en la región. Posteriormente, los países latinoamericanos experimentaron un proceso de expansión de las políticas sociales y de reconocimiento de derechos dirigidos a sectores anteriormente excluidos y marginados, como trabajadores informales, pueblos originarios, disidencias sexuales, mujeres, entre otros. Estos procesos redundaron en mejoras en los niveles de desarrollo humano en casi todos los países. Sin embargo, las democracias latinoamericanas han mostrado no estar exentas de desafíos y amenazas.
Los procesos de expansión de derechos no lograron revertir la fragmentación de las sociedades ni reducir significativamente los niveles de desigualdad. Estos factores han exacerbado los conflictos en el continente, a la vez que las recurrentes crisis económicas agravan los problemas estructurales. Estas condiciones presentan un desafío considerable para los partidos políticos, quienes se enfrentan a la compleja tarea de armonizar intereses de amplios sectores diversos. Como resultado, en los últimos años, muchos sistemas políticos de la región experimentan crisis de legitimidad que se manifiestan en malestar político, descreimiento en los partidos y ciclos de protestas que son reprimidas de manera violenta. En algunos casos, además, la corrupción se ha convertido en un problema persistente, erosionando aún más la confianza en los partidos políticos y en las instituciones democráticas.